Las fuerzas armadas(FF AA) chilenas iniciaron el despliegue en tres regiones de la macrozona norte del país, en los límites fronterizos con Bolivia y Perú, para entregar apoyo de control y orden público ante la crisis de migración irregular y de seguridad que vive esa área del país. El operativo se prolongará por 90 días y los uniformados, de acuerdo con la ley de infraestructura crítica que fue aprobada hace un mes por el Congreso, podrán realizar tres funciones: controles de identidad, revisión de equipaje en caso de que exista un elemento que indique la comisión de un delito y detención de personas, que serán derivadas a las policías, si ingresan sin papeles de identificación o si están cometiendo un ilícito.
La puesta en marcha de la medida fue anunciada la semana pasada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric y contempla el despliegue militar en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Se trata de zonas que, además, han presentado un aumento de los delitos asociados al tráfico de personas, de armas y de drogas. En el caso de Tarapacá, es también el lugar de Chile que tiene mayor cantidad de homicidios del país asociados al crimen organizado, razón por la que el fiscal nacional, Ángel Valencia, nombró recientemente a un fiscal especial para que investigue 20 crímenes de alta complejidad.
El 26 de enero pasado, el Congreso chileno, después de un fuerte debate, aprobó la protección de infraestructura crítica, que incorpora la atribución del presidente de la República para que disponga que las Fuerzas Armadas puedan hacer labores de protección “en caso de peligro grave o inminente”, lo que también incluye el resguardo de zonas fronterizas. Además, a través de la dictación de un decreto con fuerza de ley, se regula las atribuciones y deberes de las FF. AA., el que puede ser renovado por 90 días cuando se evalúe la efectividad.
“Efecto de disuasivo”
El papel de las FF. AA. en la macrozona norte ha provocado varios roces entre el oficialismo y la oposición, principalmente frente a las atribuciones que tienen respecto del uso de la fuerza. “Hay un tipo de polémica que se ha intentado generar que es perfectamente inútil y muy irresponsable, que es generar la idea de que esto sería más efectivo si los militares pudieran disparar por cualquier cosa en la frontera. Eso no es así, eso no protege ni al pueblo de Chile ni a los militares”, dijo la ministra del InteriorCa Carolina Tohá. “Obviamente la fuerza se tiene que ocupar de manera discreta, no sirve para cualquier cosa, pero hay situaciones donde es evidente que hay usarla. Por ejemplo, si hay amenaza en la vida de los efectivos militares o de una tercera persona”, agregó.
La ministra precisó las tres funciones que cumplirá el Ejército: “Si sorprende personas circulando que podrían haber entrado de manera irregular o estén cometiendo un delito, haga un control de identidad. En segundo lugar, si ve indicios de algún delito haga un registro del equipaje y, en tercer lugar, si descubre cualquier irregularidad o falta, como que el equipaje haya drogas, armas o indicios de trata de personas, entonces detenga a esas personas y las refiera a la policía”.
Tohá viajó este 27 de febrero desde Santiago a Tarapacá para supervisar las primeras acciones de despliegue de los uniformados. Estuvo en Colchane, una comuna ubicada a unos 1.900 kilómetros de Santiago que, desde 2020, se ha convertido en el símbolo de los pasos irregulares.
“Lo que debiera empezar a suceder es que haya menos circulación irregular por la frontera. Ojalá ese sea el resultado de esto, que tenga un efecto disuasivo para que las personas se dirijan a las fronteras habilitadas y, si alguien quiere entrar a nuestro país, lo haga por dónde debe ser”, dijo Tohá. Y agregó: “La enorme mayoría de las personas que migran viene a trabajar a rehacer su vida porque en sus países hay una situación trágica, pero entre medio, se aprovecha de traer una agenda criminal y traer al país prácticas de crimen organizado o de otro tipo de delitos”.