El Ministerio Público excluyó que el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, de la imputación formal por la adquisición fallida de las 41 ambulancias. “La comisión de los fiscales ha emitido una imputación en contra de algunos que han sido denunciado en el caso de las 41 ambulancias y esto ya ha sido remitido al juez que está llevando la causa”, confirmó la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque.
La comisión de fiscales concluyó que el Gobernador de Potosí no es responsable por la adquisición fallida de las 41 ambulancias. “(El gobernador) entiendo que no (ha sido imputado), todavía está en curso de la investigación”, complementó la autoridad.
Pese a que la Contraloría General del Estado encontró indicios de responsabilidad; en su resolución, la Fiscalía decidió imputar a tres funcionarios de la Comisión de Recepción del Proceso de Contratación de la Gobernación por el delito de falsedad ideológica.
“El Ministerio Público cuenta con los indicios suficientes para imputar a los ciudadanos Jorge Pablo Velarde Torrico, Carlos Alberto Aguirre Marino y David Favio Pozo Medrano (…). Se llega a concluir que existen suficientes elementos que hacen presumir la existencia de un hecho con entidad penal y la participación efectiva de los ahora imputados”, señala una parte del documento donde no menciona al actual gobernador potosino.
Los tres funcionarios presuntamente habrían sido parte de la comisión de recepción del proceso de contratación de la Gobernación. En enero de este año se reveló que la Gobernación de Potosí adquirió, mediante compra directa, un lote de 41 ambulancias que aún no habían llegado. Luego se conoció que llegaron al puerto de Iquique y que los vehículos eran reacondicionados. Por ese hecho, la Fiscalía recibió cuatro denuncias en contra del Gobernador y una decena de funcionarios.
“Sin embargo, se pudo advertir que en los hechos no se llegó a recepcionar dichos bienes. Además, enfatizan que los documentos adjuntos al formulario 500 publicados en el Sicoes se constituyen en declaraciones juradas, por ende, dan fe al cumplimiento de contrato”, argumenta la Fiscalía en el documento.