Con base en los datos de las pesquisas, el fiscal Gustavo Balderrama informó este miércoles que el gobernador de La Paz, Santos Quispe, se encontraba en estado de ebriedad cuando un vehículo oficial protagonizó un hecho de tránsito en junio de este año. La autoridad regional rechazó las denuncias y consideró el caso tiene base en un plan de persecución en su contra y propiciar un «golpe».
El caso tiene base en un hecho de tránsito registrado el 13 de junio. Un vehículo de la Gobernación paceña se involucró en un choque en el barrio Calacoto de la zona Sur de La Paz.
“En las declaraciones que hemos podido obtener de testigos y los señores que estaban de protagonistas, se tiene que al interior de la movilidad se encontraba el gobernador Santo Quispe, además del señor conductor, y se tenía que ambas estaban en estado de ebriedad”, informó el fiscal, quien confirmó la imputación en contra de la autoridad por uso indebido de bienes del Estado.
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, salió al frente de la denuncia y, rodeado por sus abogados, señaló que el proceso está “armado” con el objetivo de alejarlo de la silla de la Gobernación.
“Mi persona nunca ha estado en la movilidad; si ha chocado mi conductor, júzguenlo, procésenlo a él; mi persona nunca ha estado conduciendo la movilidad y ni siquiera en estado de ebriedad, todo es como una difamación”, alegó Quispe en una conferencia de prensa.
El gobernador cuestionó a los operadores de justicia y consideró que está a favor del Gobierno central.
“Hay personas que han robado millones que están saliendo de la cárcel, como la (Gabriela) Zapata y ¿ese dinero ha devuelto? Da rabia cómo trabaja la justicia de nuestro país”, lamentó.
Quispe indicó que la imputación lo sorprendió porque “hemos ido a la Fiscalía a declarar, hemos dado todas las pruebas de dónde estábamos ese día y mi persona no estaba en ese lugar y ahora resulta que estoy arraigado. Se ve que hay una persecución a mi persona”, denunció.
Por su lado, el secretario departamental de Asuntos Jurídicos, Mario Flores, informó que con este proceso se intenta “dar un golpe de Estado” al gobernador. Para respaldar esta posición, explicó por ejemplo que la Policía cambió la fecha del registro del choque.
«Se ha señalado que ha habido un choque el 12 de junio, según denunció este ciudadano Julián Chura, la investigación se ha abierto el 12 de junio y un informe indica que en esa fecha no ha habido ningún tipo de accidente. Hace un par de días presentan un memorial para decir que se han equivocado y que el accidente había sido el 13 de junio”, denunció el jurista.
Aseguró que los choferes de los dos vehículos involucrados en el caso indicaron que en el vehículo oficial solo se encontraba el chofer y que el hombre que presentó la denuncia no se encontraba en el lugar.
“No hay ni un test de alcoholemia” como prueba, acotó el abogado.
Ante estas presuntas irregularidades, Flores anunció que pedirán una auditoría al proceso.
“El proceso debe ser auditado y vamos a pedir una petición escrita al Ministerio de Justicia para que auditen el proceso. Dejan un precedente nefasto”, sentenció.
Según el secretario de Asuntos Jurídicos, el objetivo es alejar a Quispe del cargo. “En una de las medidas sustitutivas se pretende que se aleje (a Santos Quispe) de la Gobernación. Es un proceso armado con una intencionalidad”, concluyó.