No esperó ni 24 horas desde su sancion; el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales, que posibilita al Banco Central de Bolivia (BCB) monetizar las reservas internacionales a través de su venta y pignorar (dejar en prenda), sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Deberá conservar además un mínimo de 22 toneladas de oro en reservas.
El artículo noveno de la cuestionada norma señala: “I. El BCB realizará operaciones en los mercados internacionales con las reservas de oro, pudiendo comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, y transformar y convertirlas en divisas, a fin de optimizar la liquidez y/o rendimiento de las reservas internacionales”.
El inciso II del mismo artículo indica que “el BCB deberá mantener un mínimo de veintidós (22) toneladas de reservas de oro de las Reservas Internacionales, computables semestralmente a partir de la aprobación de la presente Ley”.
Actualmente las reservas internacionales de oro oscilan en 42,9 toneladas en lingotes, de las cuales solo 0,4 Tn se encuentran en físico en las bóvedas del BCB.
La norma también abroga la Ley 175 de 2011 que autorizaba al BCB fortalecer las reservas a través de la compra de oro a la Empresa Boliviana del Oro (EBO) a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pero del 2012 al 2022 apenas compró 712 kilos del metal dorado; es decir, ni una tonelada .
“Se autoriza al Banco Central de Bolivia comprar oro como un participante más en el mercado interno, de las personas individuales y jurídicas, públicas y privadas legalmente establecidas, registradas y autorizadas por las entidades competentes, que participen en la comercialización del oro”, señala parte del artículo tres.
El artículo tercero también fue duramente cuestionado por la oposición por no ver ningún beneficio para el Estado, considerando además que los cooperativistas que controlan más del 90% del oro, solo pagarán 1,5% de regalías, y seguirán exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE) y del Impuesto a las Transacciones (IT).
Se cuestionó también que el BCB pretenda pagar el oro en bolivianos, cuando las comercializadoras lo hacen en dólares y al contado, por lo que se advirtió que el rol del ente emisor para captar el metal dorado será poco competitivo en un libre mercado de oferta y demanda.
La senadora y activista ambiental, Cecilia Requena (CC), fue una de las más críticas a la norma. Advirtió que con la aplicación de la norma, el BCB se convertirá en un “blanqueador” del oro manchado de sangre, mercurio y el horror de la destrucción de la Amazonía.
Contrariamente al discurso que conserva el Gobierno del MAS, desde la oposición se denunció el espíritu privatizador de la norma que deja en manos privadas la explotación y comercialización del oro, un recurso natural no renovable y estratégico para las arcas del Estado.