El doctor André Siquiera, especialista en medicina tropical, llegó a las tierras donde habitan los indígenas yanomami el pasado lunes 16 de enero.
Pocos días después contó que había sido testigo de «la peor situación sanitaria y humanitaria» que jamás haya visto.
Siquiera, quien trabaja para el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Oswaldo Cruz, fue enviado allí por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El especialista en malaria visitó la región del Surucucu, en el estado de Roraima, y pasó por otras comunidades de la zona.
«Lo que vimos fue una situación muy precaria en términos de salud, con pacientes que sufrían desnutrición grave, infecciones respiratorias, muchos casos de paludismo y enfermedades diarreicas. Junto a esto, había escasez de equipos y de estructura», afirmó.
Siqueira dice que se ha encontrado con casos de desnutrición extrema en familias enteras.
Visiblemente afectado, el médico confesó que es muy difícil afrontar esta situación, que califica de «catastrófica» y «desastrosa».
«Presenciar en la práctica este nivel de sufrimiento es muy pesado. Cuando toca el momento de enfrentarnos a ella lo hacemos, como si fueras con un piloto automático. Pero es después, cuando caemos en la cuenta, que vemos lo difícil de la situación», comentó.
«Vemos sufrir a los padres, a los niños y a toda la comunidad. Pero pese a todas las dificultades hay un gran sentido colectivo. Incluso la gente hambrienta, cuando recibe algo de comida, intenta compartirla con los que están allí«, añadió.
El aumento de casos y muertes por malnutrición y paludismo en la reserva indígena yanomami alertó sobre la gravedad de la situación al gobierno brasileño, que decretó una emergencia de salud pública en este territorio.
Junto con una comisión de ministros y secretarios, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó a la región el pasado sábado y calificó la situación de «inhumana».
Desde el Ministerio de Salud brasileño se anunciaron una serie de acciones para intentar controlar la crisis, como la creación de un hospital de campaña y el envío de suministros y profesionales sanitarios.
Según un cálculo del gobierno, 570 niños yanomami han muerto en los últimos cuatro años.
Y son muchos los que se preguntan cómo es que se ha podido llegar a esta situación. Fue así que, buscando entender esta crisis sanitaria, indagamos sobre los principales elementos que la rodean y lo que se está haciendo para revertirla.
La mayor reserva indígena de Brasil
Según el Instituto Socioambiental de Brasil (ISA), el territorio indígena yanomami está ocupado por ocho pueblos y cuenta con unos 26.700 habitantes. Su superficie se extiende por unos 9,6 millones de hectáreas (el equivalente a 13.800 campos de fútbol).
Fue reconocida y ratificada por el gobierno brasileño en 1992, mediante un decreto firmado por el entonces presidente Fernando Collor de Mello.
El territorio está situado entre los estados de Roraima y Amazonas, al norte del país, en la frontera entre Brasil y Venezuela.
Es una región que está expuesta a cuatro «riesgos potenciales y problemas existentes», como explica el ISA: mineros, pescadores, cazadores y ganaderos.
Entre estas amenazas, la minería se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los habitantes de la región y de los especialistas en la materia.
Consecuencia directa
En resumen, las asociaciones indígenas de la región señalan que la minería ilegal está relacionada con tres impactos inmediatos en la salud de la población.
En primer lugar, «la actividad minera ilegal está asociada a una mayor incidencia de enfermedades infecciosas y contagiosas entre las comunidades indígenas, especialmente la malaria».
En segundo lugar, la minería depende del uso de mercurio, un compuesto tóxico que contamina el agua y los alimentos que consumen las personas. La exposición a esta sustancia está relacionada con una serie de daños para la salud, como enfermedades neurológicas en los recién nacidos.
En tercer lugar, las entidades denuncian que «la situación de inseguridad generalizada impuesta por la mayor circulación de mineros armados en las diferentes regiones del TIY ha impactado en la atención de salud de las comunidades indígenas, con el abandono total de los puestos sanitarios en algunos casos e incluso la ocupación de carreteras y vías comunitarias en beneficio de las operaciones y abastecimiento de la minería».
Durante su visita a Roraima, Lula prometió combatir la explotación de los recursos minerales de la región.
«Vamos a tomarnos muy en serio esta historia de acabar con cualquier tipo de minería ilegal», dijo.
«E incluso si se trata de un terreno que cuenta con autorización de la agencia para realizar prospecciones, éstas pueden llevarse a cabo sin destruir el agua, sin destruir el bosque y sin poner en peligro la vida de las personas que dependen del agua para sobrevivir», afirmó.
Siqueira entiende que es necesario pensar en acciones a corto, medio y largo plazo. «Es necesario restablecer la asistencia sanitaria a esta población, que vive una situación de catástrofe y emergencia».
El gobierno también ha empezado a distribuir cestas de alimentos y complementos alimenticios para combatir la desnutrición.
Entretanto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, reveló que solicitará la apertura de una investigación en la Policía Federal para averiguar los posibles delitos cometidos.
«Hay fuertes indicios de un delito de genocidio, que será investigado por la policía», dijo Dino.
Siqueira cree que la situación de los yanomami debe llamar la atención sobre lo que ocurre en otros territorios indígenas del país.
«Sabemos que hay problemas en zonas del Río Negro y en el Alto Solimöes, por ejemplo. Estuve allí el año pasado y vi situaciones similares de falta de asistencia y cuidados», contó.
«Es algo que hay que abordar urgentemente, porque nuestra humanidad depende de ello», concluyó el doctor.