Tras el caso de la niña de tres años secuestrada y ultrajada por Juan Antonio Enríquez García, en Chiclayo, el presidente Pedro Castillo anunció que el Gobierno evalúa medidas drásticas como la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, tal como ya se realiza en otros países del mundo.
“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó.
“Exhortamos al Congreso de la República a respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos violentos hechos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos”, señaló.