El Consejo de la Magistratura solicitó al juzgado de Ejecución Penal de Potosí la captura de tres violadores y un asesino que presuntamente se beneficiaron con libertad de manera irregular.
Así lo confirmó a “Las Ultimitas” el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina. El magistrado potosino ofreció una conferencia de prensa y dio a conocer los resultados de la intervención al juzgado de Ejecución Penal.
Sin dar nombre ni apellidos, Molina afirmó que la documentación, en tres casos de hombres sentenciados por el delito de violación y uno por asesinato, fueron enviado al Ministerio Público para el inicio de la investigación.
La pesquisa establecerá si hubo o no favorecimiento a los sentenciados sin derecho a indulto. En el primer caso de violación, según la investigación de la comisión de la distrital del Consejo de la Judicatura de Potosí, un hombre sentenciado a 15 años de presidio presuntamente se benefició con una salida condicional. La comisión halló indicios de irregularidad en los requisitos para brindar el beneficio.
En el segundo caso de violación, otro sujeto sentenciado a 22 años de presidio por el delito de violación sin derecho a indulto, presumiblemente se benefició con detención domiciliaria, afirmó Molina.
El presidente del Consejo de la Magistratura afirmó que un sentenciado sin derecho a indulto por este delito no puede acceder a ese beneficio. Sí, el ordenamiento jurídico, beneficia con detención domiciliaria a personas mayores de 60 años e internos con enfermedades incurables. En el caso presente, no podía haber ese beneficio.
En el tercer caso de violación, y que llama poderosamente la atención, es de un sujeto fue sentenciado a tan solo cinco años de presidio. La máxima pena por este delito es de 15 a 20 años. Esta presunta irregularidad habría sucedido en Uncía.
Molina también refirió sobre la presunta irregularidad en el caso de un prófugo de la justicia que fue sentenciado por el delito de asesinato. Antes que huya de la cárcel de Cantumarca, el sentenciado accedió al beneficio denominado “salida amplia”.
Sin embargo, diez años después de haber fugado, el individuo se presentó en el juzgado de sentencia y solicitó pre prescripción de la pena privativa. El juez le concedió la solicitud.
Para el presidente de la judicatura, la prescripción de la pena no correspondía porque el interno rompió la cadena de condena. A la vez, presuntamente, no se le siguió el proceso de evasión. Nunca fue recapturado.
Tras un mes de la intervención al juzgado de Ejecución Penal, según Molina, se revisó minuciosamente 1.196 expedientes. En 60 expedientes se hallaron faltas disciplinarias. Los documentos ya fueron remitidos a la instancia disciplinaria del Tribunal Departamento de Justicia de Potosí.
Asimismo, en siete se halló indicios de responsabilidad penal. También estos documentos fueron enviados al Ministerio Público, puntualizó Molina.